Prólogo del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, conocido como “Nunca Más”; autoría  del presidente de la CONADEP  Ernesto Sabato en Septiembre de 1984  ( copia fiel del original ):   "  Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que

provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda,

fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así aconteció en Italia,

que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las

formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares. Pero esa

nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para

combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales

ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en

juicio; y en ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los

servicios de seguridad le propuso al General Della Chiesa torturar a un

detenido que parecía saber mucho, le respondió con palabras memorables:

«Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la

tortura».

No fue de esta manera en nuestro país: a los delitos de los terroristas, las

Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el

combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y

la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a

miles de seres humanos.

Nuestra Comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los

jueces constitucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en

el curso de estos años aciagos de la vida nacional. Pero, después de haber

recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o

determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y

de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la

certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de

nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar de la justicia

la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído y

registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse

como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de los crímenes de lesa

humanidad. Con la técnica de la desaparición y sus consecuencias, todos los

principios éticos que las grandes religiones y las más elevadas filosofías

erigieron a lo largo de milenios de sufrimientos y calamidades fueron

pisoteados y bárbaramente desconocidos.

Son muchísimos los pronunciamientos sobre los sagrados derechos de la

persona a través de la historia y, en nuestro tiempo, desde los que

consagró la Revolución Francesa hasta los estipulados en las Cartas

Universales de Derechos Humanos y en las grandes encíclicas de este siglo.

Todas las naciones civilizadas, incluyendo la nuestra propia, estatuyeron en

sus constituciones garantías que jamás pueden suspenderse, ni aun en los

más catastróficos estados de emergencia: el derecho a la vida, el derecho a

la integridad personal, el derecho a proceso; el derecho a no sufrir

condiciones inhumanas de detención, negación de la justicia o ejecución

sumaria.

De la enorme documentación recogida por nosotros se infiere que los

derechos humanos fueron violados en forma orgánica y estatal por la

represión de las Fuerzas Armadas. Y no violados de manera esporádica sino

sistemática, de manera siempre la misma, con similares secuestros e

idénticos tormentos en toda la extensión del territorio. ¿Cómo no atribuirlo

a una metodología del terror planificada por los altos mandos? ¿Cómo

podrían haber sido cometidos por perversos que actuaban por su sola

cuenta bajo un régimen rigurosamente militar, con todos los poderes y

medios de información que esto supone? ¿Cómo puede hablarse de

«excesos individuales»?        

                                                                                                                                                                                        De nuestra información surge que esta tecnología

del infierno fue llevada a cabo por sádicos pero regimentados ejecutores. Si

nuestras inferencias no bastaran, ahí están las palabras de despedida

pronunciadas en la Junta Interamericana de Defensa por el jefe de la

delegación argentina, General Santiago Omar Riveros, el 24 de enero de

1980: «Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes

escritas de los Comandos Superiores». Así, cuando ante el clamor universal

por los horrores perpetrados, miembros de la Junta Militar deploraban los

«excesos de la represión, inevitables en una guerra sucia», revelaban una

hipócrita tentativa de descargar sobre subalternos independientes los

espantos planificados.

Los operativos de secuestro manifestaban la precisa organización, a veces

en los lugares de trabajo de los señalados, otras en plena calle y a la luz del

día, mediante procedimientos ostensibles de las fuerzas de seguridad que

ordenaban «zona libre» a las comisarías correspondientes. Cuando la

víctima era buscada de noche en su propia casa, comandos armados

rodeaban la manzana y entraban por la fuerza, aterrorizaban a padres y

niños, a menudo amordazándolos y obligándolos a presenciar los hechos, se

apoderaban de la persona buscada, la golpeaban brutalmente, la

encapuchaban y finalmente la arrastraban a los autos o camiones, mientras

el resto del comando casi siempre destruía o robaba lo que era

transportable. De ahí se partía hacia el antro en cuya puerta podía haber

inscriptas las mismas palabras que Dante leyó en los portales del infierno:

«Abandonad toda esperanza, los que entráis».

De este modo, en nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres

humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar

una categoría tétrica y fantasmal: la de los Desaparecidos. Palabra –¡triste

privilegio argentino!– que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del

mundo.

Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes

exactamente los habían secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se

tenía respuesta precisa a estos interrogantes: las autoridades no habían

oído hablar de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la justicia los

desconocía y los habeas corpus sólo tenían por contestación el silencio. En

torno de ellos crecía un ominoso silencio. Nunca un secuestrador arrestado,

jamás un lugar de detención clandestino individualizado, nunca la noticia de

una sanción a los culpables de los delitos. Así transcurrían días, semanas,

meses, años de incertidumbres y dolor de padres, madres e hijos, todos

pendientes de rumores, debatiéndose entre desesperadas expectativas, de

gestiones innumerables e inútiles, de ruegos a influyentes, a oficiales de

alguna fuerza armada que alguien les recomendaba, a obispos y capellanes,

a comisarios. La respuesta era siempre negativa.

En cuanto a la sociedad, iba arraigándose la idea de la desprotección, el

oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, pudiese caer en

aquella infinita caza de brujas, apoderándose de unos el miedo

sobrecogedor y de otros una tendencia consciente o inconsciente a justificar

el horror: «Por algo será», se murmuraba en voz baja, como queriendo así

propiciar a los terribles e inescrutables dioses, mirando como apestados a

los hijos o padres del desaparecido. Sentimientos sin embargo vacilantes,

porque se sabía de tantos que habían sido tragados por aquel abismo sin

fondo sin ser culpable de nada; porque la lucha contra los «subversivos»,

con la tendencia que tiene toda caza de brujas o de endemoniados, se había

convertido en una represión demencialmente generalizada, porque el

epíteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como imprevisible.

En el delirio semántico, encabezado por calificaciones como «marxismoleninismo», «apátridas», «materialistas y ateos», «enemigos de los valores

occidentales y cristianos», todo era posible: desde gente que propiciaba una

revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a villas-miseria para

ayudar a sus moradores. Todos caían en la redada: dirigentes sindicales que

luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que habían sido

miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la

dictadura, psicólogos y sociólogos por pertenecer a profesiones

sospechosas, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado las

enseñanzas de Cristo a barriadas miserables. Y amigos de cualquiera de

ellos, y amigos de esos amigos, gente que había sido denunciada por

venganza personal y por secuestrados bajo tortura. Todos, en su mayoría

inocentes de terrorismo o siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes

de la guerrilla, porque éstos presentaban batalla y morían en el

enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos

a manos de los represores.

Desde el momento del secuestro, la víctima perdía todos los derechos;

privada de toda comunicación con el mundo exterior, confinada en lugares

desconocidos, sometida a suplicios infernales, ignorante de su destino

mediato o inmediato, susceptible de ser arrojada al río o al mar, con

bloques de cemento en sus pies, o reducida a cenizas; seres que sin

embargo no eran cosas, sino que conservaban atributos de la criatura

humana: la sensibilidad para el tormento, la memoria de su madre o de su

hijo o de su mujer, la infinita vergüenza por la violación en público; seres

no sólo poseídos por esa infinita angustia y ese supremo pavor, sino, y

quizás por eso mismo, guardando en algún rincón de su alma alguna

descabellada esperanza.

De estos desamparados, muchos de ellos apenas adolescentes, de estos

abandonados por el mundo hemos podido constatar cerca de nueve mil.

Pero tenemos todas las razones para suponer una cifra más alta, porque

muchas familias vacilaron en denunciar los secuestros por temor a

represalias. Y aun vacilan, por temor a un resurgimiento de estas fuerzas

del mal.

Con tristeza, con dolor hemos cumplido la misión que nos encomendó en su

momento el Presidente Constitucional de la República. Esa labor fue muy

ardua, porque debimos recomponer un tenebrosos rompecabezas, después

de muchos años de producidos los hechos, cuando se han borrado

deliberadamente todos los rastros, se ha quemado toda documentación y

hasta se han demolido edificios.

 Hemos tenido que basarnos, pues, en las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aun en los testimonios de represores que por oscuras

motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían.

En el curso de nuestras indagaciones fuimos insultados y amenazados por

los que cometieron los crímenes, quienes lejos de arrepentirse, vuelven a

repetir las consabidas razones de «la guerra sucia», de la salvación de la

patria y de sus valores occidentales y cristianos, valores que precisamente

fueron arrastrados por ellos entre los muros sangrientos de los antros de

represión. Y nos acusan de no propiciar la reconciliación nacional, de activar

los odios y resentimientos, de impedir el olvido. Pero no es así: no estamos

movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza; sólo pedimos la

verdad y la justicia, tal como por otra parte las han pedido las iglesias de

distintas confesiones, entendiendo que no podrá haber reconciliación sino

después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se

fundamente en la verdad.

Porque, si no, debería echarse por tierra la trascendente misión que el poder judicial tiene en toda comunidad civilizada. Verdad y justicia, por otra parte, que permitirán vivir con honor a

los hombres de las fuerzas armadas que son inocentes y que, de no

procederse así, correrían el riesgo de ser ensuciados por una incriminación

global e injusta. Verdad y justicia que permitirán a esas fuerzas

considerarse como auténticas herederas de aquellos ejércitos que, con tanta

heroicidad como pobreza, llevaron la libertad a medio continente.

Se nos ha acusado, en fin, de denunciar sólo una parte de los hechos

sangrientos que sufrió nuestra nación en los últimos tiempos, silenciando

los que cometió el terrorismo que precedió a marzo de 1976, y hasta, de

alguna manera, hacer de ellos una tortuosa exaltación. Por el contrario,

nuestra Comisión ha repudiado siempre aquel terror, y lo repetimos una vez

más en estas mismas páginas.

Nuestra misión no era la de investigar sus  crímenes sino estrictamente la suerte corrida por los desaparecidos, cualesquiera que fueran, proviniesen de uno o de otro lado de la violencia.

Los familiares de las víctimas del terrorismo anterior no lo hicieron,

seguramente, porque ese terror produjo muertes, no desaparecidos. Por lo

demás el pueblo argentino ha podido escuchar y ver cantidad de programas

televisivos, y leer infinidad de artículos en diarios y revistas, además de un

libro entero publicado por el gobierno militar, que enumeraron, describieron

y condenaron minuciosamente los hechos de aquel terrorismo.

Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más

terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el periodo

que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para

hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar

a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los

sagrados y esenciales derechos de la criatura humana.

Únicamente así podremos estar seguros de que NUNCA MÁS en nuestra patria se repetirán

hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. "