Al Gobierno le queda una instancia de apelación ante la Corte de los Estados Unidos y en la que evalúan presentarse, según fuentes oficiales.-                                                                                                                  Ahora el juicio seguirá adelante, con oscuras perspectivas para la Argentina, en el tribunal que supo ocupar Thomas Griesa .                                                                                                                                                               El Gobierno argentino prepara ahora la estrategia de defensa y están bajo análisis medidas drásticas. Por ejemplo, la decisión de la Procuración del Tesoro podría requerir un procedimiento que en los tribunales de Estados Unidos se conoce como discovery process, que obligaría a la Justicia norteamericana a investigar a los dueños del fondo Burford Capital, responsable de la demanda, y a conocer cómo fue el camino financiero que condujo desde la YPF privada de los tiempos de Néstor y Cristina Kirchner hasta los buitres de Nueva York.

El juicio tiene una réplica doméstica. Elisa Carrió y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, pidieron al juez Ariel Lijo investigar la transferencia del Grupo Petersen, de la familia Ezkenazi, al fondo Burford Capital. En su presentación, las legisladoras advirtieron que se trató "de un negocio financiero que se aleja de la necesidad de explotación y exploración que debía ser objetivo de una empresa con el objeto social de YPF".

El Grupo Petersen, que durante el kirchnerismo llegó a manejar el 25% de YPF, siempre enfatizó que no tenía nada que ver con los buitres. "El Grupo Petersen está al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior", señaló a través de un comunicado cuando se conoció el juicio. Y alega que el ingreso de Burford lo definió la Justicia española en el proceso de quiebra de sus compañías residuales.                                                                                                                                                         La demanda, en los papeles, fue iniciada por las firmas españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que la familia Eskenazi constituyó para adquirir entre 2008 y 2011 el 25% de las acciones de YPF. El argumento de los demandantes es que la estatización de YPF violó las leyes de oferta pública en los Estados Unidos.

 La Argentina sostiene que fue una decisión soberana y, por lo tanto, no debía seguir los caminos de una oferta accionaria tradicional de mercado.

A fines de 2007, Enrique Eskenazi, titular del Grupo Petersen, adquirió el 14,9% del capital accionario de YPF por 2235 millones de dólares, con opción a ampliar su participación. La red financiera incluyó una red de diferentes bancos y un crédito de la española Repsol, que controlaba la petrolera. El Grupo Petersen pagó luego gran parte de la deuda con los dividendos que dio después la propia YPF.

Por la estatización, el gobierno de Cristina Kirchner terminó por compensar a Repsol con unos 5000 millones de dólares, mientras que las firmas de la familia Ezkenazi terminaron por ser vendidas por la imposibilidad de cubrir las deudas, entre otras, la contraída con la propia Repsol.

El proceso de quiebra fue el preámbulo de la llegada de Burford al juzgado del inmemorial juez Thomas Griesa , quien murió en 2017 a los 87 años. Su lugar lo ocupó la jueza Loretta Preska quien ya había fallado en contra de la Argentina.

Ahora tres magistrados de la Corte del Distrito Sur de Nueva York le dieron la razón a Budford en contra de las esperanzas argentinas. .