Guido Lorenzino, titular de la Defensoria de la Provincia pidió que se cambien los requisitos que se exigen para otorgar la tarifa social a usuarios de agua, luz y gas en la provincia de Buenos Aires. Lo hizo a través de una resolución dirigida a los gobiernos nacional y provincial, empresas prestadoras de servicios públicos y entes reguladores provinciales.

En la recomendación, Lorenzino solicitó además que se comunique de manera clara en las facturas cuáles son las formas de acceder a la tarifa social y que se actualicen los listados con las personas en condiciones de acogerse al beneficio.

Este pedido surge luego de la publicación de un informe elaborado por la Defensoría y el Observatorio de la Deuda Social Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina (UCA). El estudio indica que en el Gran Buenos Aires la tarifa social sólo alcanza al 30% de los usuarios que tienen derecho a solicitarla, para los servicios de agua corriente, energía eléctrica y gas.

Los principales motivos por los que las personas en condiciones de recibir el beneficio quedan fuera son la imposibilidad de presentar escrituras o contratos de alquiler y no acreditar ingresos formales. A esto se le suman barreras burocráticas y falta de información.

“No puede ser que 7 de cada 10 personas que deben tener tarifa social queden fuera por requisitos inflexibles y alejados de la realidad”, indicó Lorenzino. “Por eso - agregó - pedimos que se revean y modifiquen los criterios para que los sectores más vulnerables puedan acceder a este beneficio mediante un trámite sencillo, inclusivo y ágil”.

Uno de los puntos de la resolución resalta la necesidad de informar de manera clara y accesible acerca de la tarifa social en las facturas mensuales. Allí deben figurar no sólo los requisitos para iniciar el trámite, sino también los domicilios físicos de las oficinas comerciales de las empresas y las vías de contacto web. 

A su vez, exige que se establezcan canales exclusivos de atención a los usuarios y líneas telefónicas gratuitas para quienes quieran consultar y acogerse al beneficio.

“Queremos que nadie se quede afuera” aclaró Lorenzino y pidió que todos los organismos competentes “colaboren para garantizar el acceso sin restricciones para aquellos que realmente lo necesitan”.

La recomendación está dirigida al Ministerio de Energía de la Nación y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires; el Ente Regulador de Electricidad de la provincia de Buenos Aires (ENRE), el Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (OCABA) y el Ente Regulador de Aguas y Saneamiento (ERAS). 

En cuanto a las empresas, incluye a las distribuidoras de energía eléctrica EDESUR, EDENOR, EDELAP, EDEN, EDES y EDEA; las proveedoras de gas natural Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur y Gas Natural Fenosa; las de agua AYSA y ABSA y cooperativas locales de servicios.