"Queremos terminar con esa lógica del secretismo que imperaba acá", dice la titular de la DICOM, la fiscal Cristina Caamaño, que comenzó a abrir las puertas del bunker de los servicios. Pasillos angostos, un interior de estilo setentista quedado en el tiempo y con instalaciones obsoletas y descuidadas, mucho silencio y miradas de desconfianza. Así es el paisaje donde trabajan los "escuchadores", como se conoce en la jerga a quienes están a cargo de las escuchar las conversaciones de los teléfonos pinchados.

"A este lugar no entraba nadie. La seguridad estaba a cargo de la propia SIDE y ahora pusimos Policía Federal. El cartel identificatorio en la puerta puso a todos muy nerviosos", dice Caamaño, que con abogados y funcionarios comanda la DICOM.

Quien entraba al lugar se encontraba con un vidrio polarizado que no dejaba ver al agente que permitía el ingreso y que ahora fue sacado. La misma lógica se replica en las ventanas de varias oficinas. El personal antes tenía prohibido ir a un piso donde no trabajaba y el ascensor del edificio tenía una clave para llegar hasta las oficinas de los directores.
 
Los teléfonos de línea de la OJOTA estaban todos "pinchados" para escuchar si sus empleados filtraban datos. Solo cinco quedaron intervenidos por cuestiones laborales y quien recibe una llamada es advertido de que la comunicación será grabada.
 
Todo cambia. Desde el 7 de julio pasado ese edificio lleva una bandera argentina que marca su status de dependencia pública y un cartel en su entrada: "Ministerio Público Fiscal. Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (DICOM)". 

Los primeros cambios en la ex OJOTA pasaron por su nombre (ahora DICOM) y por una "limpieza" del personal operativo histórico del organismo que tenía vínculo con Stiuso. Muchos se jubilaron o fueron designados en otras áreas de la AFI y en su lugar fue nombrado personal del nuevo organismo de inteligencia y de la Procuración. Aunque los ex SIDE siguen siendo la mayoría, son todos administrativos. "No quedó nadie vinculado a Stiuso", cuenta Caamaño.

En total, son cerca de 200 personas que trabajan en la DICOM, que opera las 24 horas de todos los días. Cuando la nueva administración llegó al edificio de Avenida de los Incas había cerca de 4.000 líneas telefónicas intervenidas, de las cuales 2.400 son de causas de narcotráfico, unas 1.250 de expedientes que los jueces o fiscales no identifican y el resto se reparte en investigaciones por trata de personas, secuestro extorsivo o privación ilegal de la libertad, delitos aduaneros, averiguación de paradero y extorsión.

El 94 por ciento de esas líneas son teléfonos celulares y radios, tipo Nextel. Los únicos autorizados a pedir "pinchaduras" de teléfonos son jueces y fiscales que fijan la modalidad: su duración, si es de manera directa, cada cuánto quieren recibir una desgrabación.

En vivo y grabados. No todas las líneas son escuchadas en tiempo real. Eso se hace a pedido de un juez o fiscal en un sector conocido como "escucha directa" y que en la mayoría de los casos ocurre para secuestros.

Hay 27 "locutorios" (terminales con computadoras y equipos de audio en las que se graban los teléfonos intervenidos y que están en cuartos sin ventanas ni salida al exterior). El lugar más secreto, donde todavía se recuerda el día que se disparó un arma y al que hoy los agentes ingresan desarmados.

Todos los días se graban tres mil CD's con escuchas y hay teléfonos intervenidos desde 2002. "Hay escuchadores que escucharon crecer familias enteras", cuentan en la DICOM.

El objetivo es agilizar los procesos, hacer desarrollo informático y tecnológico, afianzar el diálogo con las empresas telefónicas y bajar los tiempos de la intervención de las líneas. En casos urgentes como los secuestros una línea podía demorar hasta cerca de dos horas en ser intervenida. Ahora intentan llevarlo a 20 minutos.

FUENTE PERFIL.COM