Una radiografia de la acusación contra el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, con gran cantidad de pruebas, donde se  le imputa haber impedido que avanzara la investigación de tres resonantes casos: el doble crimen de Unicenter, el asesinato de un colombiano en San Fernando y el tráfico de cocaína de los hermanos Juliá.-     Tras conocerse que el procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, confirmó las acusaciones en el proceso de juicio político que se le sigue al hasta ahora fiscal general de San Isidro, Julio Novo, el diario Hoy tuvo acceso a información precisa sobre las imputaciones  realizadas desde el Ministerio Público Fiscal.

El dictamen de Conte Grand es demoledor y pone contra las cuerdas al fiscal preferido de Sergio Massa, a quien el exintendente de Tigre sigue defendiendo a capa y espada. Novo actualmente se encuentra suspendido en sus funciones y, además, está sospechado de haber frenado la pesquisa sobre las irregularidades que se habrían detectado en los allanamientos derivados del sospechoso robo que sufrió Massa en 2013 en su domicilio particular.

Gran parte de la acusación del procurador apunta al dictado de distintas resoluciones que buscaron evitar que avanzaran las investigaciones de tres resonantes casos de narcotráfico, que conmovieron a la sociedad argentina. Por ejemplo, el doble crimen del shopping Unicenter, el asesinato del colombiano Juan Sebastián Galvis Ramírez (fue acribillado de diez balazos) en la localidad de San Fernando y el tráfico de estupefacientes a gran escala que realizaban los hermanos Juliá desde el Conurbano bonaerense. Los Juliá fueron condenados a trece años de prisión en España, tras ser arrestados en el Aeropuerto de Barcelona: iban a bordo de un jet que transportaba una tonelada de cocaína.

Conte Grand acusó a Novo por los delitos  de “encubrimiento agravado en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En su dictamen, el titular del Ministerio Público desmenuzó una serie de graves irregularidades que sirvieron para complicar la labor que realizaban distintos fiscales, como Luis Angelini y Diego Grau, para investigar y castigar el accionar de los mercaderes de la muerte. A saber:

- El 13 de noviembre de 2008, el fiscal general adjunto de San Isidro, Eduardo Vaini, mano derecha de Novo, llamó sorpresivamente al fiscal Diego Grau “para tratar cuestiones estadísticas”. Grau estaba a cargo de la investigación por el doble crimen narco del shopping Unicenter, y al momento de ser convocado estaba reunido junto con otros dos fiscales: Juan Bidone y Analía Córdoba. Bidone investigaba el Triple Crimen de General Rodriguez (mafia de la efedrina).

- Otro delito que se le imputa a Novo está vinculado con un allanamiento realizado en el marco de la investigación penal de la causa Galvis Ramírez. Estaría acreditado que, en medio del operativo, se realizó un llamado telefónico al fiscal Luis Angelini para que concurriera de forma inmediata a la Fiscalía General de San Isidro.

- También se le imputan a Novo irregularidades en el dictado de distintas resoluciones que derivaron, por ejemplo, en el apartamiento del fiscal Grau de la investigación del Unicenter, relegándolo al área de Flagrancia. “Con respecto al doctor Angelini, las resoluciones tuvieron como finalidad sobrecargarlo en sus tareas y obstaculizar el avance de la investigación”, reza el dictamen de Conte Grand. Y detalla que, por ejemplo, hubo “dilación y falta de diligencia en el trámite de la solicitud de viáticos para viajar a Colombia”.    

 “El doctor Novo instauró un sistema persecutorio mediante la formación de numerosos sumarios administrativos y el inicio de demandas civiles, lo cual impactó negativamente en el avance de las pesquisas”, dice Conte Grand en su dictamen. Para ejemplificar su acusación, informó que, en total, se impulsaron 14 sumarios entre febrero de 2011 y julio de 2013 con esa finalidad. Dicha conducta tuvo como objetivo “desgastar y mermar su capacidad funcional, constituyendo uno de los mecanismos utilizados para entorpecer y obstruir la labor diaria del doctor Angelini”.

- Según la Procuración, luego de desafectar a Grau, “Novo pretendió consignar que la causa Unicenter estaba a cargo de Angelini, cuando ello no era así. La falsa afirmación vertida en dicha resolución obedeció a un intento de encubrir una irregularidad: que la investigación penal preparatoria (IPP) carecía de fiscal”.

La Procuración también le imputó a Novo “falta de colaboración y negativa de asignación de recursos”, medidas a través de la cuales se habrían intentado frenar las pesquisas vinculadas a la causa Unicenter y Galvis Ramírez.

“Dicho quite de colaboración tuvo como finalidad el entorpecimiento de la labor del doctor Grau, al impedirle introducir elementos probatorios relacionados con el binomio Carlos Luaces-Juliá y las actividades de Federal Aviation”, imputó Conte Grand. Además, recordó que, al igual que Grau, se buscó apartar a Angelini de la investigación al desafectarlo de la Oficina Fiscal de Distrito de San Fernando “para asignarlo, bajo pretexto de mejorar el servicio de Justicia, al Área de Transición, Ejecución y representación ante otros fueros de la Oficina de Distrito Sede Central”.

De los dos lados del mostrador

En el dictamen de Conte Grand también se hace mención a las conexiones de los principales colaboradores de Novo con abogados que defienden a conocidos narcotraficantes. Por ejemplo, menciona las comunicaciones telefónicas entre Melisa Rey (secretaria del fiscal general de San Isidro) “con el abogado defensor de Ovejero Olmedo y Moreyra durante el desarrollo de la IPP 23.594, e incluso con anterioridad a su legitimación como abogado defensor”. Jorge “Zurdo” Moreyra y Víctor “Pelado” Ovejero Olmedo son dos exbarrabravas de Boca que están procesados por el doble crimen del shopping Unicenter.

Otro de los hechos cuestionados por Conte Grand fue la solicitud de reincorporación de Mariana Busse en la Fiscalía General de San Isidro, siendo designada como secretaria de gestión de la Oficina Fiscal de Distrito San Fernando. Busse es nada menos que la actual cónyuge de Carlos Broitman, el abogado designado por Gustavo Adolfo Juliá para ejercer su defensa en la causa nº 13.178/11, caratulada como “PSA s/contrabando de estupefacientes”.

“La funcionaria tenía un interés directo en la causa. Se acreditaron viajes a España y la concurrencia al penal de Barcelona”, reza el dictamen de Procuración.

Fuente :  Hoy