El 2 de noviembre es el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Desde 2006, la UNESCO ha condenado el asesinato de más de 800 #periodistas. Menos del 7 % de estos crímenes se han resuelto. La impunidad es un crimen contra el ejercicio de la libertad de expresión y los derechos humanos en general. Envalentona a los criminales, constituye una amenaza para el estado de derecho, y conduce al miedo y la autocensura. Toda la sociedad la sufre. Es un lastre para la democracia, la paz, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo mismo de un país. No podemos permitir que esta situación continúe. Hoy, 2 de noviembre, en nombre de todos los que han dado su vida por querer informar,  pedimos que unir la voz a la de la UNESCO en español y digáis: ¡#NoALaImpunidad!

En la última década más de 800 periodistas han sido asesinados por ejercer su profesión y llevar la información al público: es decir una muerte por semana de media. En nueve de cada diez casos los autores del crimen no son castigados. Esta impunidad lleva a más asesinatos y es con frecuencia un síntoma del empeoramiento de un conflicto y del derrumbe del sistema judicial. La UNESCO lo advierte: la impunidad daña a la sociedad en su conjunto al encubrir unos abusos graves de los derechos humanos, a la corrupción y el crimen.  Pedimos a los gobiernos, la sociedad civil, los medios y a todas las personas en la defensa del estado de derecho  que se unan -   La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución A/RES/68/163 en su 68ª sesión en 2013, la cual proclamó el 2 de noviembre como el “Día Internacional para para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas “. La resolución instaba a los Estados Miembros a poner en marcha medidas para luchar contra la actual cultura de impunidad. La fecha fue elegida en conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en Malí el 2 de noviembre de 2013.                                                                                                                                 Esta resolución histórica condena el conjunto de ataques y actos de violencia cometidos contra los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. La resolución incita también a los Estados Miembros a hacer todo lo posible para prevenir este tipo de violencia para así garantizar que los autores de estos crímenes son juzgados y que existen medidas para defender a las víctimas. Además, este documento pide a los Estados que promuevan un entorno seguro para que los periodistas lleven a cabo su trabajo de manera independiente y sin ningún tipo de injerencias.

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