La gobernadora presentará en la Legislatura dos proyectos que tenderán a darle mayor soporte judicial a las víctimas de hechos delictivos. Se cambiará la Ley de Ejecución de las Penas Privativas de la Libertad.   Lejos de aquel postulado sobre la “sensación de inseguridad” que buscó instaurar durante años el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo, Aníbal Fernández, la delincuencia es un tema que atraviesa a la sociedad en su conjunto, no diferenciando clases sociales y apuntando de igual manera a los que más tienen como a los que menos poseen.                                                                                                                                       Intentando dar respuesta a los reclamos de la población, que pide soluciones urgentes en cuestiones de seguridad, la gobernadora María Eugenia Vidal enviará el próximo jueves dos proyectos de ley a la Legislatura bonaerense para modificar el Código Procesal Penal provincial. El objetivo central es darle un mayor respaldo judicial a las víctimas de los hechos delictivos, castigando con mayor dureza a quienes cometen distintas clases de ilícitos.

Según trascendió, las iniciativas buscan “potenciar el rol de la víctima dentro del proceso penal, cumpliendo con estándares y exigencias constitucionales e internacionales”.-   Entre otras cosas, se le da a la víctima la posibilidad de expresar su opinión respecto a las resoluciones de sobreseimiento, a la aplicación del instituto de juicio abreviado y al cómputo de la pena. También se la incluye en la discusión final del debate, asignándole el primer lugar en el orden de exposición.                                                                                                         Trato digno                                                                                                                                                 Una de las claves de los proyectos que enviará el Ejecutivo provincial es garantizarles a quienes sufren el accionar delictivo un trato “digno y respetuoso”, a la vez que se avala que los damnificados puedan lograr información sobre la marcha del procedimiento y el resultado de la investigación, algo que por el momento está terminantemente prohibido por la ley. Además se busca que las molestias que sufran quienes padezcan actos delincuenciales sean “mínimos” y que se resguarde la intimidad de las personas y sus datos no se hagan públicos en el proceso, salvaguardando la seguridad de las víctimas y testigos, quienes pueden servir para alcanzar la verdad sobre diversos hechos delictivos.

Otra de las cuestiones que se cambiaría de cuajo gira en torno a la posibilidad que se le dará a los damnificados de reclamar por demoras en las causas o ineficiencia por parte de los jueces y funcionarios judiciales en el transcurso de la investigación.

También se modificará la Ley de Ejecución de las Penas Privativas de la Libertad con el propósito de brindarles a las víctimas “diversas herramientas procedimentales que permitan un rol con mayor protagonismo, coadyuvando con el Estado específicamente en la etapa de ejecución de la pena”. Allí se cambia el artículo 3 de la Ley de Ejecución Penal y se determina que las resoluciones se adoptarán oralmente, previa audiencia pública y contradictoria, con la participación del imputado, su defensa, el Ministerio Público Fiscal y el particular damnificado.

Claves de las iniciativas:                                                                                                                                                                      - Se potencia el rol de la víctima dentro del proceso penal.

- El damnificado participará de la discusión final del debate judicial.

- Se garantizará un trato digno y respetuoso a los afectados.

- El magistrado deberá escuchar la palabra del dañado.

- El perjudicado será notificado de la fijación de las audiencias.

- La víctima podrá colaborar con el Estado en la etapa de ejecución de la pena.

Fuente diario HOY