Los usuarios tendrán reintegros, pero volverían a pagar más desde octubre o noviembre.- El fallo de la Corte obligará a devolver parte de lo que pagaron los clientes residenciales; el Gobierno espera concretar la nueva suba de tarifas en dos meses.- La resolución de la Corte Suprema que frenó la suba de tarifas para clientes residenciales marcó una ancha divisoria de aguas desde el punto de vista de los consumidores. Sucede que los hogares que pagaron la factura con aumento -según el Gobierno, alcanza a aproximadamente un 87% de las boletas emitidas- recibirán notas de crédito, por lo que probablemente no deban desembolsar más dinero para pagar el servicio el mes próximo, e incluso más. Sin embargo, si el cronograma que maneja la Casa Rosada se concreta, deberán pagar con aumentos a partir de octubre, luego de que se realicen, el mes próximo, las audiencias públicas que ayer ordenó llevar a cabo el máximo tribunal.

El Gobierno puso en marcha de inmediato los mecanismos para que eso ocurra. Hoy se conocerá una resolución del Ministerio de Energía y Minería, a cargo de Juan José Aranguren, en la que convocará a audiencias públicas.

La propuesta de aumento será la última que intentó implementar el Gobierno: una suba del gas con un tope de 400% en comparación con el mismo período del año pasado. Es el límite consensuado con gobernadores y algunas cámaras empresariales del sector comercial. De todas maneras, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, prometió que tendrían en cuenta otras voces que quieran opinar sobre el tema. Es el espíritu de las audiencias públicas, que de todas maneras no son vinculantes.                                                                                       Más notas para entender este tema     La audiencia, una reunión clave que se tornó un acto formal                      Más sombras que luces en el horizonte del Gobierno

El fallo de la Corte se notará en las facturas de todos los consumidores residenciales hasta que se apliquen los aumentos que intentará concretar en octubre el Gobierno. Por ejemplo, un consumidor denominado R1, con un uso muy bajo del gas, que pagaba $ 87 tras los aumentos pasará a desembolsar $ 23 por mes, mientras que un usuario de consumo intermedio al que le llegó una factura de $ 517 en mayo, junio o julio, desembolsará $ 141 con la marcha atrás que dispuso la Corte.

En el caso de un usuario denominado R 3-4, el lote que más consume entre los clientes residenciales, que recibió una factura de $ 1447 por mes, pasará a desembolsar $ 593 ante la decisión del máximo tribunal.

La peor parte de los aumentos de este año desde el punto de vista del consumidor ya pasó, incluso si el Gobierno logra aprobar los incrementos en octubre. Sucede que el fallo de la Corte impide aplicar subas retroactivas, porque sólo podrán aplicarse luego de hacer las audiencias públicas, que se deberían concretar el mes próximo. Y cuando estén eventualmente en práctica las tarifas con aumentos, el consumo en los hogares disminuirá sustancialmente de la mano de las temperaturas más altas, que reducen el uso del gas para calefacción principal gasto del fluido en los hogares.

Aceptación moderada      La marcha atrás de la Corte alterará la dinámica en reparticiones que poco tienen que ver con la energía. Por caso, el Estado debería devolver los impuestos que se aplicaron sobre las tarifas que entraron en práctica en abril, un tema en el que tallará la AFIP, y hasta revisar los índices de inflación a partir del cuarto mes del año, que en la medición del Indec consideraron un peso de los servicios públicos sobre el poder adquisitivo de la población que quedó eliminado tras la decisión del Alto Tribunal.

Fuente:  La Nación Pablo Fernández Blanco