Julio Miguel de Vido, el ministro más poderoso de los gobiernos kirchneristas, fue procesado por la tragedia de Once y deberá responder por la muerte de 51 personas, incluyendo una embarazada, y por las lesiones que sufrieron más de 700 pasajeros. El actual diputado nacional enfrenta cargos por "descarrilamiento de tren agravado " y "administración fraudulenta contra el Estado", y se le trabó embargo por $ 600 millones.

La decisión de procesar al ex ministro de Planificación Federal la tomó el juez federal Claudio Bonadio, quien el 21 de abril lo había citado a indagatoria. La situación de De Vido en esta causa fue llamativa: en la etapa de instrucción Bonadio ni siquiera lo había llamado a declarar, pese al insistente pedido de los familiares de las víctimas. En el juicio oral terminaron condenados los dos secretarios de Transporte que reportaban al ministro, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Y fue el Tribunal Oral Federal N° 2, que tuvo a su cargo el juicio, el que en su fallo del 29 de diciembre ordenó que se investigara también a De Vido, porque entendieron que "difícilmente se puede alegar un desconocimiento de las circunstancias que aquí hemos probado", en referencia a la responsabilidad penal de Jaime, Schiavi, el dueño de la ex concesionaria TBA Claudio Cirigliano y el resto de los condenados.

Ahora Bonadio actuó en linea con esa decisión del Tribunal. En su fallo de ayer consideró entre otras cosas que "el imputado tuvo efectivo conocimiento del deficiente estado del material rodante de la concesionaria, como así también del sostenido decaimiento de los bienes dados en concesión para la prestación del servicio". También entendió que "durante su gestión como máxima autoridad del Ministerio de Planificación Federal se posibilitó a ciertas empresas concesionarias el manejo discrecional de los fondos transferidos por el Estado". El juez también procesó y embargó a Jorge Simeonoff, el ex titular de la Unidad de Renegociación de Contratos con las concesionarias, y a Silvia López, directiva de la empresa de los hermanos Cirigliano.

La tragedia sucedió el 22 de febrero de 2012, cuando el tren Chapa 16 del ferrocarril Sarmiento se estrelló contra el paragolpes del andén 2 de la terminal de Once. En el juicio fueron condenados Cirigliano (nueve años), Schiavi (ocho), Jaime (seis), el maquinista Marcos Córdoba (tres) y otros ex funcionarios y directivos de la concesionaria TBA.

En su indagatoria De Vido recusó al juez Bonadio y presentó un escrito en el que aseguró que la culpa fue del conductor de la formación, porque "mantuvo la velocidad constante del tren en aproximadamente 20 km/h durante los últimos dos kilómetros del recorrido. Ese es un error humano muy claro que explica el lamentable desenlace". Fue el mismo argumento que habían ensayado los ex funcionarios y concesionarios durante el juicio oral.

El problema para De Vido es que el Tribunal rechazó esa lógica. En su fallo, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Tassara y Jorge Gorini entendieron que "las autoridades de TBA tomaron la determinación de que la flota de material rodante a su cuidado prestase servicio en un deplorable estado de mantenimiento, situación que les permitió solicitar la reconstrucción integral del material rodante con fondos del erario público y en beneficio de la empresa, evidenciándose así la complicidad con los funcionarios del área de Transporte".

Esta postura es la que siempre sostuvieron los familiares de víctimas y sobrevivientes del choque del tren, para quienes siempre estuvo claro que, más allá de lo que haya hecho el conductor, la tragedia se produjo porque el tren estaba en pésimo estado, y citan como ejemplo que muchos pasajeros fallecieron porque los vagones se montaron uno sobre otro tras el impacto. Por eso, ayer los familares se mostraron "satisfechos" con el procesamiento de De Vido

Las causas que suma el ex ministro:  La tragedia de Once es sólouno de los frentes judiciales en los que De Vido está involucrado.

El juez federal Julián Ercolini lo imputó por la compra de material ferroviario en mal estado a España y Portugal, en la misma causa en la que está preso Ricardo Jaime.

En tanto, el juez Luis Rodríguez lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

A su vez, el fiscal Guillermo Marijuán lo imputó en la causa de la ruta del dinero K, luego de que el valijero Leonardo Fariña lo involucrara en su declaración, al igual que a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Por otra parte, el Gobierno de Jujuy lo denunció por el presunto envío de fondos millonarios sin control a la organización que manejaba Milagro Sala.

Por los fueros, no pueden detenerlo

Si bien la investigación sobre Julio de Vido puede continuar, su condición de diputado nacional lo protege contra allanamientos, “pinchaduras” de teléfonos o correos electrónicos y, principalmente, de la prisión preventiva. Para detenerlo, el juez debería pedir su desafuero, algo que debería ser votado por dos tercios de la Cámara, según el artículo 70 de la Constitución. Además, el artículo 69 establece que ningún diputado o senador puede ser arrestado desde el día de su elección hasta el cese de su mando. Gracias a la ley de fueros De Vido evitó un allanamiento a su casa ordenado por el juez Luis Rodríguez en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito.

Fuente:  Clarin