Ciudad de La Plata : Es un dato positivo, que debe ser valorado en su justa dimensión, el hecho de que el presidente Mauricio Macri –junto a la gobernadora María Eugenia Vidal- ayer hiciera, desde lo discursivo, un giro de 180 grados respecto a la actitud que tenía el gobierno de Cristina Kirchner con respecto al narcotráfico. Recordemos que, durante la era K, se liberaron las fronteras y los puertos, dando todas las facilidades habidas y por haber para que los mercaderes de la muerte se instalen en el territorio nacional haciendo crecer, como nunca antes en la historia de nuestro país, el flagelo de la droga.         Ante la conmoción que está generado las vinculaciones políticas de la denominada mafia de la efedrina y la escandalosa fuga de los tres condenados de un penal de máxima seguridad en General Alvear, el hecho de prometer "una batalla sin cuartel" contra los narcos es un primer paso que resulta positivo. Pero es solo el punto inicial. La realidad es que llegó la hora de que las palabras y las frases políticamente correctas, sean acompañadas de hechos concretos. Y esto implica que, desde el Estado, se tenga tolerancia cero respecto a la corrupción, haciendo que los responsables del saqueo sistemático que tuvo lugar en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires durante la mal llamada década ganada estén sentados en el banquillo de los acusados, en lugar de trabajar como relatores de la realidad como lo vienen haciendo Aníbal “la Morsa” Fernández y Daniel Scioli. Este último, ayer, hasta no se puso colorado en afirmar que el ex ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, es una persona “intachable”.

Cabe recordar que Casal fue el máximo responsable político del Servicio Penitenciario Bonaerense hasta el 10 de diciembre y quien se desempeñó como titular del SPB, hasta los días previos a la triple fuga del penal de General Alvear, era una funcionaria de su propio riñón político. Ayer, la crisis carcelaria se agravó aún más con un motín registrado en la cárcel ubicada en Barker, partido de Benito Juárez, donde los propios presos denunciaron una situación de caos absoluta, producto de un sistema corrompido -e infiltrado por el narcotráfico- que lleva a que las unidades carcelarias se hayan transformando en centros de perfeccionamiento para la delincuencia, en lugar de ser lugares en que aquellos que incumplieron la ley puedan rehabilitarse y pagar sus deudas con la sociedad (ver aparte).

Asimismo, Casal –cuando fue ministro de Seguridad- estuvo salpicado por otros episodios oscuros de corrupción como el nunca esclarecido asesinato de la niña Candela Sol Rodríguez, en lo que fue una oscura trama donde también habrían intervenido narcos que operan en la zona de San Martín. 

No solamente los ex funcionarios vinculados con el narcotráfico deben ser castigados con todo el peso de la ley. Lo mismo les cabe a Cristina Kirchnery varios de quienes la secundaron en la destrucción del país como Amado Boudou, Carlos Zannini, Julio De Vido, Ricardo Echegaray, Martín Sabbatella,Hebe de Bonafini y los malhechores que vaciaron las arcas del Banco Central, haciendo negocios turbios con el dólar futuro. A ellos se les suma los que se quedaron con miles y miles de millones de pesos relacionados con concesiones viales, mientras las rutas del país son verdaderas trampas mortales por la falta de inversiones.

La decisión de que todos los corruptos de la era K puedan ser jugados también debe alcanzar a la Provincia de Buenos Aires donde, durante los 8 años de gobierno sciolista, se registraron niveles de corrupción pocas veces visto. El caso del IOMA es, quizás, el ejemplo paradigmático. La obra social bonaerense, que el año pasado manejó un presupuesto superior a los $15 mil millones, es un auténtica cueva de ladrones y muchos de los responsables de su vaciamiento, que arrastran pesadas denuncias penales, aún siguen formando parte del directorio.

En un estilo muy similar al que ayer uso Macri, la gobernadora Vidal habló de darle mayor trasparencia al IOMA y también anticipó que supuestamente echará a todos los ñoquis que carcomen una obra social de la cual depende la salud de más de 2 millones de afiliados. Si realmente se quiere instrumentar un cambio como el que votó la ciudadanía, para evitar que lo ocurrido en la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario se traslade a otras áreas de la Provincia, se tiene que pasar a la acción, haciendo cumplir con ese sabio refrán que dice: “el que las hace, las paga”. Esto implica necesariamente ponerle fin a la práctica de pactar con lo viejo, con las mafias enquistadas desde hace años en las estructuras del Estado bonaerense, y denunciar  con nombre y apellido a los responsables de la corrupción. Si desde el diario Hoy lo pudimos hacer, denunciando penalmente a Echegaray y a todos sus secuaces en pleno apogeo del gobierno kirchnerista, muchas más herramientas tienen aquellos que, con el respaldo del voto popular, ahora afrontan el desafío de conducir la Nación y la provincia más importante del país.